Por: Raúl Ferro - Lun, 13/04/2009
Nada resulta más progresista que defender a capa y espada la gratuidad de la educación universitaria. Y si incluimos bajo este concepto de "derecho a la educación" a los posgrados, más aún. Hablamos siempre con envidia sobre casos como la prestigiosa Universidad de Sao Paulo (USP), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o la Universidad de Buenos Aires (UBA), que ofrecen carreras y posgrados gratuitos.
Sin embargo, la gratuidad de la enseñanza superior en América Latina es más retrógrada que progresista. Paradójicamente, antes que facilitar la movilidad social, ayuda a perpetuar las desigualdades. Las causas de esto son sencillas de identificar: la calidad de la educación estatal básica y secundaria es mala en términos generales y los alumnos de estos establecimientos llegan con una gran desventaja a las pruebas de ingreso a las universidades de mayor prestigio, lo que incluye a muchas estatales gratuitas.
Por el contrario, los alumnos de los colegios particulares pagados en la región -en su inmensa mayoría hijos de las familias de mayores recursos- son quienes salen mejor preparados para entrar a la universidad.
Es cierto que la educación es un derecho y que una de las prioridades de los países es mejorar su capital humano. Pero la educación no es gratis. Alguien tiene que pagarla. O el Estado (es decir, todos los contribuyentes, pobres y ricos, universitarios y no universitarios), o el estudiante. El costo por año de un estudiante de educación superior en una universidad pública en América Latina varía mucho dependiendo del país, según el Informe sobre la educación superior en América Latina 2000-2005, del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe, pero se puede calcular en más de US$3.000 o US$4.000 por año a lo menos (el informe señala un costo de US$6.000/año en el caso de Brasil y de US$3.000 en el caso de Cuba, con datos del 2002). Entre los países de la OECD, el gasto promedio por un estudiante en educación terciaria fue de US$11.254 en el 2006. Obviamente, el costo de un estudiante de posgrado es mayor.
¿Qué hacer frente a un panorama de este tipo? Los recursos que los gobiernos de la región dedican a educación son equivalentes, en promedio, a alrededor del 4% del producto bruto interno (PIB). Esta proporción es menor que el promedio de los países de la OECD (5,9% del PIB), pero no solo eso. Siendo América Latina una región en desarrollo, el PIB de la mayor parte de los países latinoamericanos es bajo en términos absolutos. Esto significa que el dinero es escaso.
Lo más urgente en América Latina es focalizar los escasos recursos estatales de los países latinoamericanos en educación básica y secundaria de forma de mejorar su calidad y asegurarse que todos los alumnos que postulan a la educación superior tengan oportunidades similares de éxito.
Las instituciones de educación terciaria, en tanto, tienen que buscar otras formas de financiamiento, lo que pasa por el cobro de matrículas realistas, acordes con el costo de la educación que ofrecen. La labor de los gobiernos es establecer sistemas de financiamiento a largo plazo para los estudiantes que no cuentan con los recursos. En Uruguay funciona un impuesto especial que se cobra a los profesionales egresados de las universidades públicas, fondos que se utilizan precisamente para financiar a estas últimas. No es mala idea. Pero es probable que un sistema público-privado que asegure el financiamiento de los estudiantes tanto de las carreras de pregrado como de posgrado y especializaciones sea el sistema más justo y eficiente para hacer realidad el derecho a la educación que todo ser humano tiene.
